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Ante el nuevo impuesto anunciado por el Gobierno, que se aplicaría a las transacciones de pagos electrónicos y cheques para así generar nuevos ingresos y afrontar las consecuencias económicas y fiscales de la emergencia  provocada por el COVID-19, el mismo hace eco del verdadero pago según la cantidad efectuada por los ciudadanos.

Con esta propuesta se  negociaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento de $1.750 millones.

Por lo anterior, en un periodo de cuatro años se cobrará a las transacciones bancarias y de valores. En los dos primeros años será una tasa del 0,3% sobre el monto de la transacción, y en los siguientes dos años, el cobro bajará a 0,2%. Es decir, quedará así:

Aporte de ₡3 en una transacción de ₡1.000

Aporte de ₡30 en una de ₡10.000

Aporte de ₡75 en una de ₡25.000

Aporte de ₡150 en una de ₡50.000

Según el Gobierno, esta tasa temporal y progresiva pretende que quienes tienen más ingresos contribuyan con igual proporción al estado de emergencia.

Con la vigencia del impuesto, se plantea destinar un 1% del PIB, correspondiente al 0,1% del tributo, para bajar las cargas sociales. ¿Por qué? La propuesta del Gobierno incluye la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años, con el fin de disminuir los costos de la planilla, estimular la generación de empleo y liberar recursos para la reactivación económica.

Esta medida no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, como se comprometió Carlos Alvarado, presidente de la República. Tampoco impactará otros programas sociales que se financien con las cargas sociales.

Por su parte, para los dos primeros años, una tercera parte de lo recaudado por esta tasa temporal se usará en cargas sociales, mientras que en los siguientes dos años, será 50% de lo obtenido.

Los nuevos ingresos también se usarán para disminuir la deuda pública, la cual se estima que podría alcanzar el 83% del PIB en el 2024. Para el 2021 se destinarán ₡4,8 billones del presupuesto nacional para el pago de la deuda pública y, de ese monto, ₡2,1 billones corresponden a pagar intereses.

 

 

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