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Las personas privadas de libertad cuentan con más de 500 opciones laborales gracias a las alianzas entre empresas públicas y privadas, lo que se resume en 16 proyectos como jardinería, textiles, empaque de bolsas, confección de bisutería fina, elaboración de artículos de oficina y reciclaje.

Los programas son desarrollados en las cárceles de CAI Vilma Curling, CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma) y el CAI Ofelia Vincenzi.  Asimismo, están por abrirse oportunidades en los CAI Nelson Mandela (San Carlos), Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón), CAI Liberia, Semi Institucional Liberia y Semi Institucional San Luis.

Las iniciativas son respaldadas por empresas como Polymer, FIFCO, AMPO, Costa Rica Fashion Week, Servicios Ecológicos, así como instituciones como el Registro Nacional y la Caja Costarricense de Seguro Social.

La buena noticia, es que más proyectos se integrarían a los ya existentes y serían 300 ocupaciones, de elaboración de productos de concreto, de muebles, manejo residuos sólidos y producción agrícola.

“El trabajo es la herramienta por excelencia para que una persona se reconozca a sí misma como un integrante digno y productivo en la sociedad, que la hace sentirse capaz de lograr metas y eso es justamente lo que se busca con la población privada de libertad: que se sienta en capacidad de trascender sus errores e ir por más cosas buenas para su vida”, comentó la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.

Estas posibilidades son utilizadas, por ejemplo, para el mantenimiento de los ámbitos penitenciarios y proyectos agrícolas e industriales por el que perciben un incentivo económico de entre ¢15.000 y ¢45.000 mensuales, según el tipo de ocupación y los conocimientos para el desempeño de la actividad

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